El Ayuntamiento de Arona ha salido hoy al paso de las afirmaciones en este sentido y ha recordado que el Plan Director de la Reserva Natural Especial del Malpaís de Rasca, aprobado en 2001, recoge en su régimen de usos (punto 3.2.3.1) el denominado “tradicional”, que preserva, textualmente, “las prácticas agrícolas en las zonas tradicionalmente utilizadas al efecto, así como la utilización de técnicas y métodos necesarios para el normal desarrollo de esta actividad”, lo cual significa que la actividad agrícola no solo no se verá dañada sino que refuerza su protección gracias a la ampliación de la reserva natural especial. De hecho, y antes de la ampliación, la actividad agrícola se ha venido practicando durante décadas en su interior, donde existen explotaciones vitivinícolas, sin ningún problema.

La protección del Malpaís de Rasca como Reserva Natural Especial no afecta al uso agrícola de este entorno. Ni al área ya existente y protegida ni a la ampliación aprobada recientemente por el Parlamento de Canarias. De hecho, en el interior de este paraje existen desde hace décadas actividades vitivinícolas que se han mantenido, a pesar de la declaración de la reserva en 1994 y del posterior plan director.

Si ese año se creó la Reserva Natural Especial, esta precisa de un plan director que fije y establezca, entre otras cuestiones, el régimen de usos de la zona. El de Rasca se aprobó hace más de veinte años, mediante la orden de 29 de enero de 2001.

Ya en ese plan director se autoriza y se protege, expresamente, la actividad agrícola dentro del punto 3.2.3.1, en el que se aborda la denominada “zona de uso tradicional”. En este se dice que son usos permitidos “las prácticas agrícolas en las zonas tradicionalmente utilizadas al efecto, así como la utilización de las técnicas y métodos necesarios para el normal y efectivo desarrollo de esta actividad”.

Puesto que en ese ámbito ha habido explotaciones agrícolas mucho antes de la aprobación de la Reserva Natural Especial, no se entienden las afirmaciones recogidas hoy en las que se afirma que esta ampliación de la protección pone en peligro una actividad que lleva décadas desarrollándose bajo la misma figura de protección legal sobre el territorio, una situación que no tendría sentido alguno.

Desde el Ayuntamiento de Arona se entiende que esas afirmaciones parten del hecho de que, una vez que el Parlamento apruebe la ampliación de la reserva, hay un plazo para que se elabore un plan director, durante cuya tramitación todos los sectores y actores sociales podrán consultar el texto, primero, ya que este no existe, salvo el de 2001, y, después, hacer las alegaciones que se consideren oportunas. 

No obstante, en este momento no existe razón alguna para poner en duda la continuidad de la actividad agrícola en ese entorno, tal y como ha venido desarrollándose desde hace muchos años.