Consulta Pública Previa sobre el Proyecto de Ordenanza Provisional de Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Arona

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el objeto de mejorar la participación de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de ordenanza arriba referenciado, se procede a sustanciar una consulta pública, en la que se recogerá la opinión de la ciudadanía y organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma en relación a los aspectos siguientes:

Antecedentes de la norma:

El vigente Plan General es el resultado del procedimiento de revisión del anterior Plan General del municipio de Arona (que había sido aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife el 4 de julio de 1966), y de su adaptación al Texto Refundido de la Ley del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril.

Este Plan General de Ordenación Urbana en vigor fue aprobado definitivamente, de manera parcial y condicionada, en virtud del acuerdo adoptado por la comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias en la sesión celebrada el día 13 de noviembre de 1992. El Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada el día 25 de febrero del año siguiente, acordó introducir en el texto del referido Plan General las condiciones acordadas por la Comisión anteriormente citada.

La última revisión del referido Plan General fue operada a través del procedimiento que culminó con la aprobación y publicación del documento que entró en vigor en diciembre de 2011 (PGO’11). No obstante, la Sentencia de 2 de junio de 2015 del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, declaró no haber lugar al recurso de casación contra la Sentencia de 2 de septiembre de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, que había declarado la nulidad del acuerdo de la COTMAC de 19 de mayo de 2011 por la que se aprobó definitivamente, de forma parcial, el PGO’11 antes mencionado.

Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma:

El vigente Plan General fue formulado con los criterios y objetivos planteados en el momento de su formulación -allá por mediados de los años ochenta- y en un contexto normativo que dista mucho del actual. La dinámica de los procesos urbanísticos, la evolución social y económica del municipio, la transformación de determinados hábitos y la aparición de nuevas actividades, obligan a la Administración urbanística a adaptarse a los nuevos tiempos y a dotarse de las herramientas e instrumentos a su alcance para dar adecuada respuesta a las demandas actuales de la sociedad. Uno de esos instrumentos -quizá el más importante- es el Plan General, que debe ser actualizado y adaptado a las circunstancias de cada momento.

Necesidad y oportunidad de su aprobación:

Tras la aprobación del Plan General, se han sucedido numerosos textos normativos que ha venido a modificar sustancialmente el marco urbanístico dentro del cual se aprobó el mismo.

Además, desde la perspectiva de la seguridad jurídica: la adaptación es indispensable, en tanto que desde el día 1 de septiembre de 2017 está en vigor la LSC conforme a su Disposición Final Décima, lo cual lleva aparejado que “quedan derogadas cuantas determinaciones contrarias a lo dispuesto en esta ley se contengan en los instrumentos de ordenación vigentes en el momento de su entrada en vigor”, de acuerdo con la Disposición Derogatoria Única.

Objetivos de la norma

Adecuar la regulación de los usos provisionales contenida en el artículo 86.5 de las Normas Urbanísticas al actual marco legislativo, redefiniendo el concepto de los mismos y estableciendo las condiciones de su admisibilidad. Esta Ordenanza Provisional no conlleva una alteración del régimen de usos establecido por el vigente PGOU, toda vez que la implantación de usos provisionales está ya prevista en el referido artículo 86.5 de la normativa en vigor; tan solo se pretende adaptar su regulación al vigente contexto legal, que ha venido a disminuir la inseguridad jurídica que tradicionalmente ha acompañado a este complejo asunto de los usos provisionales.

Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias

 La regulación de este tipo de instrumentos se halla inserta en el Capítulo VII, del Título III, de la “Ordenación del suelo” de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, concretamente en su artículo 154, rubricado, de las “Ordenanzas provisionales insulares y municipales” y están específicamente concebidos para situaciones sobrevenidas que demanden una solución inmediata.

La ciudadanía, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, puedan hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados y el texto de la norma que se adjunta durante quince días contados desde el día siguiente de su publicación, por los canales siguientes:

En la red de oficinas municipales:

- Oficina del Servicio de Atención Ciudadana de Arona, ubicada en Calle Duque de la Torre, nº29 Arona Casco.

- Oficina del Servicio de Atención Ciudadana de Las Galletas, ubicada en Rambla Dionisio González, nº20 Las Galletas.

- Oficina del Servicio de Atención Ciudadana de Los Cristianos, ubicada en Plaza Del Pescador, Centro Cultural de Los Cristianos, nº1 Los Cristianos.

A través de la web municipal en el trámite relacionado.

En cumplimiento con lo anterior se plantea el siguiente cuestionario:

Los ciudadanos/as, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, puedan hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en este cuestionario, en el plazo de quince días.

Presentación de sugerencias:

  • Modelo 303. 
  • Plazo: del 27 de febrero al 19 de marzo de 2020, ambos inclusive.