El Ayuntamiento de Arona ha pedido hoy que se dote de continuidad y de estabilidad al personal que, año tras año, el Gobierno de Canarias subvenciona para que los municipios tramiten la Prestación Canaria de Inserción (PCI). Para la corporación, es fundamental que la Consejería de Derechos Sociales actúe con la “agilidad e inmediatez” adecuadas a las actuales circunstancias de grave crisis económica y social.

Esta es una ayuda que depende directamente del Ejecutivo, pero que los municipios deben gestionar. Al no renovarse automáticamente la subvención del Gobierno, los empleados responsables de ella son temporales. Es decir, entran cuando se reciben los fondos y se realiza el proceso de selección y se quedan fuera de la corporación al finalizar el año, algo que se repite una y otra vez.

En el caso del municipio, el área de Servicios Sociales dispone de un personal fijo compuesto de tres personas para la PCI. A esto hay que sumar a los cinco trabajadores con la que se ha dotado este departamento procedente de listas de reserva para diversas funciones. Sin embargo, aún no se cuenta con los fondos necesarios para el personal anual de la prestación.

Estos fueron anunciados por el Gobierno de Canarias en febrero, sin que se produjera una transferencia efectiva hasta mediados de año. A eso hay que sumar el proceso selectivo que se tiene que llevar a cabo para ser conscientes del tiempo real que esos empleados estuvieron disponibles para tramitar la PCI, todo ello en un momento en el que las peticiones de esta se han multiplicado ante la grave crisis social y económica.

Por ejemplo, el año pasado, el Ejecutivo anunció y transfirió posteriormente fondos que permitieron disponer de cuatro personas para este proceso. No obstante, estas marcharon al finalizar 2020. En febrero de 2021, la Consejería de Derechos Sociales anunció que transferiría a Arona algo más de 300.000 euros, un hecho que todavía no se ha producido y que se espera que se demore algunos meses más, lo cual contribuye a atascar la tramitación de la PCI, una situación ante la que el Ayuntamiento pide una mayor sensibilidad por parte del departamento del Gobierno de Canarias.